Entre 79.000 y 118.000 muertes por amianto se han producido en el Estado español desde 1999

Diez provincias concentran el 61,65% de las muertes por mesotelioma, pero destaca Barcelona por su elevada letalidad

Desde 1999 en el Estado español han fallecido por amianto entre 79.180 y 118.770 personas. En la UE-28 se calcula que fallecieron en 2019 unas 90.730 personas. Solo por el cáncer del mesotelioma, han fallecido 7.918 personas, según el INE y la IARC. Por cada muerte por mesotelioma, se producen entre 10 y 15 más por otras patologías del mineral cancerígeno amianto. Según el INE, Barcelona (1.433), Madrid (993), Bizkaia (432), Valencia (383), Alicante (258), Sevilla (241), Murcia (222), Asturias (214), Zaragoza (199) y Cádiz (196) fueron las diez provincias que más casos de mesoteliomas acumulan. En ese período han aumentado los casos un 91,95% en el Estado español

Entre 1999 y 2019 en el Estado español fallecieron 7.414 personas por mesotelioma, un cáncer muy letal y fulminante provocado por la inhalación de alguna microfibra de amianto, según los datos aportados por el INE. Y se elevan a 7.918 con los datos de 2020, según los compilados por la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés), dependiente de la OMS. Los expertos médicos determinan que por cada muerte por mesotelioma hay entre 10 y 15 más por patologías derivadas del mineral cancerígeno. Es decir, en ese período entre 79.180 y 118.770 personas, la gran mayoría trabajadores, habrían fallecido por la falta de medidas de prevención y seguridad en las empresas.

En Hego Euskal Herria (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa), las muertes por mesotelioma hasta 2019 habrían ascendido a 878, lo que significaría entre 8.780 y 13.170 personas muertas por amianto. En cuanto a la afectación a la salud por exposición laboral, cabe indicar que en diciembre de 2018 había 3.192 personas incluidas en el Registro del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y en el registro de Osalan, dependiente del Gobierno vasco, suman11.392 personas diciembre de 2020

Con los datos oficiales del INE de ese período de 20 años las muertes por mesotelioma han aumentado un 91,95%. Lo peor es que todavía no ha revertido la curva ascendente de mortalidad. De hecho, en la Unión Europea en 2019 ya se han sobrepasado las 90.000 muertes por enfermedades producidas por el amianto, mientras que la IARC confirma que es en territorio europeo donde la letalidad es superior a la del resto del mundo con 7.449 muertes por mesoteliomas en 2020, pero con 8.537 casos nuevos. En todo el mundo, el año pasado se produjeron 26.278 muertes por mesotelioma, lo que significaría entre 262.780 y 394.170 personas fallecidas por el asesino silencioso. Deja muy atrás a las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que las situaba en unas 100.000 anuales y a las previsiones que un equipo en el que se encontraba Jukka Takala, ex director de la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, elevaba a 265.000 muertes.

En los datos del INE, por provincias se puede destacar que en las diez del Estado español que más muertes suman por mesotelioma son Barcelona (1.433), Madrid (993), Bizkaia (432), Valencia (383), Alicante (258), Sevilla (241), Murcia (222), Asturias (214), Zaragoza (199) y Cádiz (196). Entre estas diez acumulan el 61,65% de los fallecidos por este cáncer letal por falta de medidas de prevención. Las que menos son La Rioja (30 casos entre 1999 y 2019), Salamanca, Guadalajara y Albacete con 29 casos cada una, Zamora (28), Ávila (22), Cuenca (21), Segovia (19), Teruel (18) y Soria (11).

Los datos del INE corroboran que tres de cada cuatro muertes (77,7%) se producen en hombres y un 22,3% de las muertes afectaron a mujeres; y 1 de cada 5 (22,52%) son personas que tienen entre 75 y 79 años.

La realidad muestra que miles de personas que han fallecido por inhalar esas microfibras del asesino silencioso no han sido reconocidas, ni por haber estado trabajando sin medidas de seguridad, ya que los empresarios no valoraron las mismas para preservar la vida y la salud de sus trabajadores y trabajadoras, ni por haber estado en contacto al lavar los buzos blanquecinos, vivir cerca de las fábricas o en contacto con el amianto esparcido en millones de toneladas por el Estado español.

De hecho, el catedrático de la Universidad de Granada Alfredo Menéndez estima que sólo el 9% de los hombres que murieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermedad profesional. En el caso del cáncer broncopulmonar derivado del amianto, este porcentaje se reduce hasta el 0,44%. La situación es peor entre las mujeres, con tan sólo un 0,9% de muertas por mesotelioma y un 0,05% de muertas por cáncer broncopulmonar derivados de la exposición laboral al amianto reconocidas.

Desde el Col.lectiu Ronda hablan de «genocidio laboral» para describir lo que ha pasado con el amianto en el Estado español, “con miles de personas expuestas a un material claramente perjudicial sin que las empresas productoras adoptaran medidas de seguridad para paliar sus efectos ni alertaran a los trabajadores de los riesgos”. En Catalunya, los principales focos de afectados por el amianto se sitúan en Cerdanyola (Barcelona), donde estaba la fábrica de Uralita, y Castelldefels (Barcelona), donde se ubicaba la antigua Rocalla, posteriormente absorbida por Uralita. También se han localizado muchos casos en el puerto de Barcelona o en la antigua Macosa, hoy Alstom, primero establecida en el Poblenou de Barcelona y posteriormente en Santa Perpètua de Mogoda, entre otros.

Hay que recordar que el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo confirmó el pasado 19 de marzo a instancias del Col·lectiu Ronda la responsabilidad de la empresa Uralita SA por las patologías derivadas de la exposición al amianto que afectan tanto a las denominadas víctimas domésticas (perjudicadas por la presencia de fibras de asbesto adheridas a la ropa de trabajo de sus familiares empleados en la fábrica) y, por primera vez, a las víctimas ambientales (residentes en las proximidades afectados por las emanaciones de amianto procedentes del centro fabril).

La sentencia establece la obligación de Uralita de indemnizar al grupo de 43 demandantes vecinos de la localidad de Cerdanyola -incluyendo víctimas en primera persona y herederos de afectados- con la cantidad de 2,3 millones. En la resolución, el Tribunal Supremo reitera la falta de adopción de medidas de prevención y seguridad por parte de la multinacional “pese a que la entidad demandada tenía perfecta constancia de los riesgos que estas sustancias [el amianto] generaban para la salud de los trabajadores y de terceros, así como de la peligrosidad de la actividad industrial que desarrollaba”.

El Col.lectiu Ronda lamenta que el valor de “esta histórica sentencia” del Tribunal Supremo pueda quedar ensombrecido por la situación de concurso voluntario de acreedores en la que actualmente se encuentra Coemac, la antigua Uralita. “Un concurso instado por la propia empresa aduciendo según el texto registrado como hecho relevante ante la CNMV, la imposibilidad de hacer frente a las reclamaciones derivadas de la fabricación de fibrocemento con amianto”.

El amianto fue prohibido en el Estado español en diciembre de 2001 y en el 2005 en el conjunto de la Unión Europea, aunque diferentes países ya lo habían hecho más de una década antes.

ACTUACIONES PARLAMENTARIAS. En estos momentos, hay cuatro actuaciones legislativas entre el Estado español y la Unión Europea para revertir, aunque en muchos casos ya no se podrá, los daños del mineral cancerígeno: el fondo de compensación para las víctimas del amianto; la ley integral del amianto, que incluye también ese fondo; la ley de residuos urbanos y suelos contaminantes y las recomendaciones del Parlamento europeo a la Comisión Europea sobre la protección de los trabajadores contra el amianto, que se votará de forma definitiva en setiembre de este mismo año, que actualiza anteriores textos legislativos.

Hay que recordar, de todas maneras, que en mayo de 2002, el Parlamento de Gasteiz aprobó por unanimidad la realización de un inventario de amianto, pero, “al día siguiente, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos se lavaban las manos”, según explica Jesús Uzkudun, miembro de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie).

La Generalitat catalana aprobó en noviembre del año pasado un anteproyecto de ley para la erradicación del amianto en Catalunya, mientras que el Gobierno navarro elaboró hace ya más de dos años el primer Plan director de eliminación del amianto. Se estima que en Nafarroa existe al menos una superficie de cubiertas de fibrocemento de más de 6 millones de metros cuadrados y 566 kilómetros de canalizaciones de este material. Con un coste estimado de al menos 245 millones en 12 años, este plan pretendía que evitar daños en la salud pública de la población general y laboral, pero todavía no se ha aplicado, a pesar de que nació con el objetivo que marca la UE de desamiantado para el año 2032.

Se calcula que 2,4 millones de toneladas de amianto se destinaron a la industria del fibrocemento y la construcción en España, que sigue presente en numerosos edificios e infraestructura. El amianto aún se encuentra de forma ubicua en muchos lugares: en fibrocemento, tejados de viviendas y naves industriales, tuberías de abastecimiento de agua, estructuras de todo tipo de edificaciones, públicas y privadas, centros educativos y viviendas, en los vertidos ilegales de entornos urbanos y rurales, en instalaciones e infraestructuras de transporte como ferrocarriles, barcos e, incluso, en el Metro de Madrid y Barcelona, o en el vertedero de Zaldibar.

La vida útil del fribrocemento está estimada entre los 35 años, según los últimos estudios, por lo que urge intervenir, ya que para el año pasado el 65% de los materiales instalados habrían agotado la vida útil, en el 2030 lo habrá hecho el 87%, y en el 2040 el 100%. “Miles de toneladas de materiales con amianto continúan instalados en los edificios, instalaciones industriales, con el agravante de que su vida útil ha caducado, se están descomponiendo, liberando fibras letales que pueden ser inhaladas por el vecindario, incluidos los animales, y enfermar”, como indican los promotores de una Ley Integral del Amianto.

FONDO DE COMPENSACIÓN para LAS VÍCTIMAS del AMIANTO. El pasado 13 de abril el Congreso de los Diputados aprobó el anteproyecto de ley del Parlamento Vasco para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, “el amianto comienza a ser considerado un problema de salud pública”, remarca Jon García, de la Asociación del Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie). No obstante, este fondo lleva más de seis años de retraso en su tramitación y, por lo tanto, miles de víctimas ya se han quedado por el camino.

Ahora el proceso en el Congreso, tras el traslado de Mesa del Congreso del anteproyecto a la Comisión de Trabajo, “es que cada grupo presentará las enmiendas para que vuelvan a pleno para que se voten. Ahora estamos en un momento clave. Nos parece importante hacer un llamamiento a todos los partidos para que no se contradigan y mantengan el proyecto en su esencia. Para que no sea papel mojado se tiene que parecer mucho a lo que se aprobó en el Parlamento Vasco y a la ley que está en vigor en Francia. Hay que poner en valor el trabajo hecho para llegar a un consenso”, según García.

LEY INTEGRAL DEL AMIANTO. Diversas entidades y sociedades reclamaron a través de un manifiesto hace casi un año esa ley “para poder hacer frente a lo que constituye otra amenaza global para la salud humana: la pandemia de amianto”. Más País Verdes Equo presentó la iniciativa en el congreso de los diputados hace dos meses.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) “urge a poner hilo a la aguja a la pandemia del amianto, que avanza de forma silenciosa e inexorablemente. La exposición al amianto es un problema global y mundial de salud pública” y “debemos ir más allá y dotarnos de un marco legal, una Ley Integral del Amianto, para afrontar esta cuestión de forma integral y decisiva”, explica la Dra. Carmen Diego, neumóloga, secretaria general de SEPAR, autora del editorial “Amianto. Durmiendo con su enemigo”.

Según recoge el manifiesto de julio de 2020, esta ley debería incluir “un sistema de detección activa y precoz de las enfermedades provocadas por el amianto y, desde el punto de vista científico, desarrollar proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos, tanto para el diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, en particular del mesotelioma, como para lograr avances en los tratamientos”.

Debería reconocer “los derechos de las personas afectadas (fondo de compensación), una adecuada vigilancia y atención médica, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, la aplicación de coeficientes reductores de jubilación en el ámbito laboral y que la responsabilidad empresarial por los daños causados no pudiera prescribir”.

También pide “incluir un reconocimiento institucional a la memoria de las víctimas y ayuda y acompañamiento a los afectados por el amianto y sus familiares”, además de “adecuar el Registro de Empresa con Riesgo por Amianto (RERA), a través de un sistema único estatal que debería ser accesible, de inscripción obligatoria y de oficio de todas las empresas o actividades en las que hubiera existido exposición al amianto antes o después de la prohibición”. Y, entre otras medidas, actualizar “los valores límite de exposición al amianto (laboral, medioambiental y de salud pública), así como las técnicas de detección y muestreo en superficies, tierras y agudas y las técnicas analíticas de laboratorios”.

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. En octubre de 2018 un encuentro internacional de asociaciones de víctimas del amianto, celebrado en Catalunya, decidió alertar de “otra posible oleada de cáncer por amianto, ahora por contaminación ambiental”.

Hace unos días, casi tres años después, la ministra española para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera presentó el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que llevaba desde hace casi un año dando vueltas y que, en principio, no incluyó nada del amianto, aunque la presión de quienes impulsaron el Manifiesto por una Ley integral del Amianto obligó a introducirlo.

Así la ley, si se aprueba como está redactada, indica que “antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado”.

También advierte de que “sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto”.

INFORME SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA UE CONTRA EL AMIANTO. El Parlamento europeo en comisión está tratando un informe sobre recomendaciones para la protección de los trabajadores frente al amianto, que actualice las diferentes directivas existentes. Se votará en setiembre y cuenta con más de un centenar de enmiendas.

En el el mismo, se justifica la iniciativa porque “el número de muertes anuales relacionadas con el amianto en la UE-28 alcanzó las 90.730 en 2019. El amianto ha sido y sigue siendo uno de los principales carcinógenos profesionales” y añade que “se prevé que más de 300.000 personas morirán por mesotelioma de aquí a 2030 en la Unión Europea, derivándose la gran mayoría de los casos de la exposición profesional al amianto”.

Nikolaj Villumsen, ponente de este informe, admite que el amianto sigue estando presente “en gran medida en edificios e infraestructuras construidos antes de 2005, cuando la Unión Europea prohibió finalmente su uso. La exposición se sigue produciendo entre la población activa, especialmente, (aunque no de manera exclusiva) en el sector de la construcción”. Insiste en adecuar por medio del Pacto Verde “una nueva oleada de renovación que activará la renovación energética de millones de edificios. Las paredes, suelos, techos, tejados, tuberías, aislamiento y muchos otros materiales de hormigón producidos antes de la prohibición del amianto pueden contener fibras de amianto muy peligrosas”, por lo que propone “desarrollar una estrategia europea global para la eliminación de todo el amianto, utilizando las sinergias de diversos ámbitos de políticas a fin de eliminar de una vez por todas con seguridad el amianto del entorno construido y proteger así a los trabajadores y a los ciudadanos ahora y en el futuro”.

Estas áreas políticas incluyen “la oleada” de renovación de edificios, la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, el marco financiero plurianual de la UE y el Plan de Recuperación, el nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo y la revisión de la Directiva 2009/148/CE relativa al amianto en el trabajo, y el Plan de acción para la economía circular, en el que se abordan la construcción y los edificios.

El objetivo del informe es ofrecer recomendaciones respecto a varios elementos esenciales que deben incluirse en una estrategia europea global para la eliminación de todo el amianto.

Insiste en que la Directiva 2009/148/CE («Directiva sobre el amianto en el trabajo») “ha establecido normas mínimas europeas con el fin de adoptar medidas para garantizar la protección de los trabajadores cuando desarrollan determinadas actividades, como las de demolición, retirada del amianto, reparación y mantenimiento”. Pero lamenta que transcurridos doce años desde su última revisión, “algunos aspectos de la Directiva han quedado obsoletos y han dejado de estar en consonancia con los últimos avances técnicos y en materia de conocimientos científicos”.

Por lo que debe actualizarse “en lo que atañe a algunos de los requisitos procedimentales y técnicos, establecer unas mejores condiciones de competencia equitativas en Europa para la formación de los trabajadores y la competencia de las empresas, y reducir el límite de exposición profesional con arreglo a los últimos conocimientos disponibles de la investigación médica científica”.

La iniciativa que se tramita en el Parlamento europeo insiste en que “las víctimas de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto deben ser reconocidas de una manera rápida y no burocrática, y recibir una indemnización adecuada. Las enfermedades profesionales siempre están directamente vinculadas a un lugar de trabajo y una actividad específicos, por lo que el derecho al reconocimiento y a la indemnización debe ser un elemento integral de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo y de las condiciones laborales del trabajador”.

“El informe propone actualizar la recomendación de 19 de septiembre de 2003 relativa a la lista europea de enfermedades profesionales y utilizarla como base sustancial para una nueva directiva, que debería incluir, entre otros elementos, la revisión de la carga de la prueba en los procedimientos de reconocimiento, el establecimiento de ventanillas únicas nacionales para todas las cuestiones relativas a las enfermedades profesionales y la asistencia de los defensores del pueblo a los trabajadores afectados en los procedimientos de reconocimiento”.

Añade que la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios “establece el marco para las renovaciones energéticas y también debe velar por que se cumpla el requisito del control obligatorio y la posterior retirada del amianto y otras sustancias peligrosas antes de que comiencen las obras de renovación”.

El informe pide una propuesta legislativa de revisión obligatoria antes de la venta o el alquiler de un edificio y que se establezcan certificados de amianto en el caso de edificios construidos antes de 2005. “Puesto que el amianto es un problema heredado que afecta a la sociedad europea en su conjunto, los propietarios de edificios que participen en la retirada del amianto deben recibir una ayuda adecuada mediante la puesta a disposición de financiación tanto de fondos europeos como nacionales”.

También hay una propuesta “para elaborar y aplicar un plan global de renovación de la red europea de distribución de agua potable y de eliminación del amianto presente en ella” porque, como explica Manuel Bompard en una de sus enmiendas, “científicos italianos han demostrado en un estudio que la ingestión de agua que contiene fibras de amianto aumenta significativamente el riesgo de cáncer gástrico y colorrectal”.