Están retirando el amianto del colegio Latiorro en Laudio

20 años después, están retirando los alrededor de 4.000 metros cuadrados de amianto escondidos/tapados en el tejado del colegio Latiorro en Laudio.

Esta es una crónica de agradecimiento a Oskar Benito y a Roberto Eizmendi. La lucha por la retirada del amianto ha dado alguno de sus frutos. Ha sido y es muy lenta, pero se ha conseguido. ¡La lucha merece la pena!

En 2001, ante el mal estado de las uralitas de amianto, quitaron unos 600 metros cuadrados y escondieron el resto. No fue hasta el curso 2016-17 cuando Oskar Benito, aita de una niña que acudía al colegio, denunció la existencia en mal estado de uralitas del mineral cancerígeno por donde pasaban todos los días los niños y niñas y el personal laboral del centro de enseñanza, aunque éstos no hicieron nada, ni los responsables del Ayuntamiento de Laudio, gobernado entonces por EH Bildu, ni la dirección del centro, ni la Delegación Provincial de Educación del Gobierno Vasco.

Todos ellos negaron la peligrosidad del mismo, incluso una empresa de prevención, Novotec, pasó por alto ese material cancerígeno en el informe inicial, que el Ayuntamiento de Laudio contrató para conocer la existencia de amianto en las instalaciones municipales, y que desde el Gobierno municipal se dejó en una estantería de adorno desde 2013, a raíz de la muerte por mesotelioma (por contacto con fibras de amianto) de un trabajador municipal, Kepa Galdós.

Sólo la lucha de Oskar Benito, en un primer término, junto a Roberto Eizmendi, trabajador del Ayuntamiento de Laudio y miembro de CCOO y ASVIAMIE Aiaraldea, lograron, tras presentar una iniciativa ante el fiscal y que se abrieran diligencias ante el Juzgado de Amurrio, que ese tema saltara a la actualidad y, cinco años después y tras el escaso interés de los gobiernos y responsables de Educación por la salud de las personas, se está retirando ese material cancerígeno, con un presupuesto de unos 800.000 euros. Sin la presión y la lucha, no se hubiera conseguido ese paso.

Aunque desde las diferentes instancias de la Administración pública no quisieron ver el riesgo y el peligro en el colegio Latiorro, el amianto mata. De hecho, en Hego Euskal Herria, según los datos estadísticos contrastados oficialmente, han muerto 2.483 personas desde 1993 por diferentes enfermedades relacionadas con el amianto. La realidad es muy dura y desde 1999, el INE confirma que por mesoteliomas, un tipo de cáncer letal y rápido, en suelo vasco han muerto 878 personas. Los expertos médicos calculan que por cada muerte por mesotelioma hay entre 10 y 15 más por otras patologías derivadas del material cancerígeno como la asbestosis, cáncer de pulmón, de laringe, etc. Lo que nos lleva a que estaríamos entre 8.780 y 13.170 muertes desde 1999 a 2019. No hay datos provinciales oficiales todavía de 2020.

En el conjunto del Estado español el dato global muestra que desde 1999 a 2020 fueron 7.918 muertes obreras, familiares o personas cercanas a centros de producción de amianto, es decir entre 79.180 a 118.170 muertes por el mineral cancerígeno. En Aiaraldea, sólo con el auge industrial se calcula que alrededor de 10.000 trabajadores estuvieron expuestos al amianto, sin que se consideraran medidas de prevención y, por lo tanto, esas personas, sus familias y los entornos de las empresas estuvieron en riesgo por este “asesino silencioso” y muchas personas habrán muerto sin saber que es el amianto el que les apagó sus vidas.

Prohibición del amianto

La realidad coincide con que en el año 2001 se prohibió el amianto en el Estado español y en el colegio Latiorro de Laudio se desveló el mal estado de la cubierta de uralita de amianto. Sólo se retiraron 600 metros cuadrados de los más de 4.000 existentes, y el resto se cubrió con chapas metálicas verdes, se ocultó tan bien que la UE entregó una bandera verde al colegio, lo que demuestra el rigor utilizado.

La alerta por amianto en el Ayuntamiento de Laudio saltó porque a un trabajador municipal, Kepa Galdós, le apareció un mesotelioma, un cáncer por haber inhalado fibras de amianto durante su actividad laboral, como confirmó una sentencia judicial.

La realidad es que Roberto Eizmendi, compañero de Galdós y miembro de CCOO y actual miembro de ASVIAMIE Aiaraldea, comenzó a hacer preguntas y se demostró que a la plantilla no se había informado del riesgo por amianto ni se habían ofrecido pautas para un procedimiento adecuado y seguro frente al cancerígeno. Galdós murió en el otoño de 2012 y el Ayuntamiento de Laudio fue el primero en el Estado español en ser condenado por no proteger a sus trabajadores del amianto. El comité de seguridad y salud laboral, más adelante, pidió un informe de las instalaciones municipales. Se contrató a la empresa Novotec que en primavera de 2013 confirmó que de 52 instalaciones municipales revisadas, en 18 (aunque luego se demostró que eran más, hasta 21 por lo menos) pudiera haber amianto, entre ellas estaba el colegio de Latiorro.

Ese informe, al final, quedó en una estantería para adornar el despacho del alcalde o algún concejal espabilado. Porque no se hizo nada hasta que el padre de una niña del Colegio de Latiorro, Oskar Benito, llamó la atención en los medios de comunicación al inicio curso 2016-17, harto de que en el curso anterior no le atendieran. Su denuncia fue clara: en una zona del colegio, por donde pasan los niños y encima de sus cabezas a escasos centímetros, estaban las uralitas en mal estado y rotas. De forma curiosa, la empresa de prevención Novotec no citó esa irregularidad, y otras, en el informe sobre el amianto y que se veía a simple vista, ni tampoco tuvo en cuenta las jardineras de amianto a pie de calle. Más adelante también se supo que el suelo vinílico de algunas instalaciones también contenía amianto y los quemadores del laboratorio de prácticas de los y las escolares.

La denuncia del padre provocó un rechazo desde el propio Ayuntamiento, la dirección del centro y la Delegación provincial de Educación que, en ningún caso veían peligro para la salud por esa convivencia con el amianto e incluso decían que el techo del colegio estaba encapsulado, lo que es materialmente imposible. Tampoco la comunidad docente hizo nada al respecto.

Un nuevo informe de Novotec, que obligó al Ayuntamiento a contratar por el cariz que tomaron los acontecimientos, confirmó la existencia de las uralitas rotas y las jardineras, que tuvieron que ser retiradas por el peligro que entrañaban, aunque tres años antes no se utilizó esa recomendación. Sin embargo, los responsables de las administraciones rechazaron intervenir en el tejado aduciendo que estaba encapsulado (aislado de peligro) hasta que en octubre de 2017 se presentó una denuncia ante la Fiscalía que abre diligencias en el Juzgado de Amurrio. De ahí, se supo que en algunas instalaciones el suelo vinílico contenía amianto o que en algunos equipos de prácticas del laboratorio, en concreto los quemadores, también tenían amianto, prohibido desde 2001 en el Estado español.

Así las cosas, la Fiscalía obligó a que se realizase una medición medioambiental ante la pasividad de la Delegación de Educación y el Ayuntamiento de Laudio en las instalaciones del centro de enseñanza, donde acuden alrededor de 700 niños y niñas cada curso.

Del informe de Amiantec 3.000 SL de esa medición se desprendieron varias conclusiones: había fibras de amianto libres, la cubierta de uralita no está encapsulada. Y, por lo tanto, el riesgo estaba allí, aunque en todo momento unos y otros trataron de minimizarlo.

Cuando se hizo la medición, además, no se dejó entrar en las instalaciones del centro de enseñanza al inicio de la prueba a uno de los dos personas que habían presentado la reclamación ante la Fiscalía, lo que obligó al Juzgado de Amurrio a iniciar diligencias. Es decir, entraron técnicos de Amiantec 3.000 SL, del Ayuntamiento de Laudio y de la dirección del centro de enseñanza que, sin embargo, firmó el acta varios días después de hacerse las pruebas. Hubo oscurantismo.

En segundo lugar, el estudio confirmó, aunque ya se sabía, salvo para el Gobierno del Ayuntamiento de Laudio y la Delegación de Educación de Araba, que los casi 4.000 metros cuadrados de superficie de la cubierta con uralita no estaban encapsulados y, por otro lado, que sus manifestaciones al respecto fueron puro engaño.

Las pruebas, además, demostraron que había fibras de amianto en el ambiente, aunque entraba en los parámetros establecidos en la normativa. Curioso fue que en los dos espacios donde se hicieron las pruebas, aparecieron el mismo número de fibras. Mucha casualidad. Y, por otro lado, hay que decir que el sistema convencional utilizado detecta menos fibras que otros digitales, que sí se utilizan en la UE. En vista de eso, el fiscal no emprendió ninguna acción, ni tampoco el Ararteko, al que el padre de la alumna requirió. Este no quiso, igual que el fiscal, entrar en la gravedad del problema.

También hay que recordar que Oskar Benito, padre de una niña del colegio de Latiorro, se vio obligado a cambiar de colegio por la presión que recibió. A pesar de ello, recogió 917 firmas “solicitando la retirada de todos los materiales con amianto instalados en el colegio público Latiorro y en otros colegios de Laudio”. Y a la responsable de Educación le solicitó que “se comience cuanto antes con la elaboración de un censo de colegios con amianto en sus instalaciones en Euskadi”.

La presión provocó que, a partir de ahí, se acordase la retirada del tejado de uralita en el verano de 2019, aunque se ha retrasado, y este año 2021 está siendo una realidad. Cinco años desde el inicio de la pelea de Oskar Benito y Roberto Eizmendi. Cinco años de sinrazón de las administraciones y, lo más grave, del mantenimiento de un riesgo para la salud por parte de los responsables de esa actuación necesaria.

Muchas gracias, Oskar y Roberto, ¡la lucha merece la pena!