El reglamento deja fuera a la inmensa mayoría, que tendrá que seguir pelendo en las tramitaciones judiciales interminables.
Si no se modifica su redacción actual, la esperanza para miles de víctimas del amianto y sus familias se desvanece.
El reglamento para regular el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, que se ha hecho público días atrás sobre la campana de la promesa emitida por el ministro José Luis Escrivá, genera malestar entre las asociaciones, entre ellas ASVIAMIE, porque supone “recortes importantes en las cuantías indemnizatorias” para los afectados. Son “un tercio de lo que los juzgados están reconociendo hasta la fecha, más o menos”. Así se expresó ante la cadena SER Jon García, de esa asociación en Gipuzkoa y que sigue de cerca esa tramitación. Añadió que si se mantiene ese eje indemnizatorio “no se terminará con lo largos procesos judiciales”, como era el objetivo fundamental de la creación del fondo.
Por otro lado, otro defecto que a juicio del miembro de ASVIAMIE Gipuzkoa contiene el reglamento es que “se deja en situación de desamparo” a familiares o personas afectadas por el cáncer derivado del contacto con el mineral cancerígeno que han fallecido “antes de la aprobación de la ley”. Todo ello unido a que están las elecciones generales a la vuelta de la esquina y, por tanto, hay dudas de que se pueda aprobar en plazo, aunque desde el Ministerio Español de Inclusión Social y Seguridad Social se asegura que sí se validará.
La realidad es que la Seguridad Social propone que sean indemnizados en 2022 (si se acepta, porque es un ejercicio ya pasado) 89 personas, quienes fallecieron desde la aprobación del fondo; y para este año 2023 sitúa la predicción en 502 muertes que recibirían indemnización, siempre que no la obtengan por vía administrativa. De esta conclusión se entienden los retrasos intencionados que se han producido desde hace ocho años que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz la necesidad de crear un fondo de compensación, como existe en el Estado francés o en Bélgica. Como se tiene interiorizado por muchas víctimas y sus familiares, se alarga el proceso para que “cada vez quedemos menos”. Sin embargo, no se espera que las patologías y muertes por el mineral cancerígeno remitan antes de 2040, en el mejor de los casos, porque el amianto convive entre nosotros y, por lo tanto, su peligro, también.
Mientras se revisa la directiva europea sobre el amianto en el trabajo, “HesaMag”, de la ETUI -European Trade Union Institute-Instituto Sindical Europeo es el centro independiente de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)- dedica un trabajo especial sobre la fibra cancerígena mortal y la urgencia de actuar para detener su “carnicería”. En la publicación: “Amianto: una bomba de relojería que hay que desactivar” se detalla que en la UE se producen al año 88.520 muertes por amianto, por lo menos, y sitúa al Estado español con 8.762 muertes en 2019, haciendo referencia a los datos del Institute of Health Metrics and Evaluation, Global Burden of Disease and Injury, IHME/GBD. Esta mortalidad es una cifra superior a la que maneja el ministro español José Luis Escrivá.
El proyecto de ley del fondo de compensación comenzó a fraguarse en el Parlamento de Gasteiz hace más de 10 años y se envió al Congreso de los Diputados hace ya ocho años con el apoyo unánime de la cámara, pero hasta octubre de 2022 no se aprobó de forma definitiva, por la dejación de los partidos políticos y los sucesivos gobiernos, que pusieron diferentes y continuas trabas. La ley establece tres meses para redactar el reglamento, pero la realidad ha sido que el borrador ha tardado más de ocho meses en ver la luz el pasado 29 de junio.
Según el INE, en estos ocho largos años murieron en el Estado español 2.762 personas por mesoteliomas, lo que extrapolado a todos los afectados por patologías del amianto suponen entre 27.620 y 41.430 fallecidos, lo que hace una media de 34.525 muertes. Es cierto que una parte de estas víctimas habrán sido reconocidas por vía judicial o administrativa, pero la mayoría, no. Con el reglamento en la mano en tramitación, la gran mayoría se queda fuera.
Jon García afirmó que las asociaciones han mantenido contactos con UGT y CCOO para presentar alegaciones con el objetivo de evitar que el reglamento quede tan corto como lo ha enviado el equipo del ministro Escrivá, porque sería una mala noticia para las personas que han perdido a sus seres queridos porque en las empresas y en los lugares próximos a la actividad industrial, etc ni la Administración pública ni las empresas tomaron medidas de prevención para garantizar la salud de trabajadores y las personas, en general, sabiendo del efecto cancerígeno del amianto desde hace muchas décadas.
El Gobierno español, autodenominado “el más progresista de la historia”, ha abierto la audiencia pública al proyecto del real decreto que regula el fondo de compensación para las victimas del amianto. De esta forma, se podrán hacer sus aportaciones al proyecto de ley hasta el 10 de julio. El ministerio de José Luis Escrivá lo sacó a la luz el pasado 29 de junio, cinco meses después de lo que fijaba la ley, aprobada en octubre de 2022 con muchos años de retraso.
Un sólo pago
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone una indemnización de “un solo pago a las víctimas, siempre y cuando no hayan percibido alguna otra indemnización”. Los familiares de las víctimas también podrán percibir estas compensaciones en caso de fallecimiento del afectado a partir de octubre de 2022. Las indemnizaciones van de 27.000 euros a los 68.000 euros, según la patología derivada de la inhalación del mineral cancerígeno, lejos de las indemnizaciones que fijan las sentencias judiciales.
Como refleja el reglamento, “esta compensación tiene naturaleza indemnizatoria para las víctimas de la exposición al amianto o sus causahabientes; en ningún caso, tendrá la naturaleza de prestación económica del sistema de la Seguridad Social”.
Serán personas beneficiarias de la compensación las víctimas del amianto, “siempre que no hubieran percibido indemnización alguna por los daños derivados de la exposición al amianto”. Entre otras “las personas que hayan obtenido el reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión derivada de una contingencia profesional causada por alguna de las patologías previstas, ocasionada por la exposición al amianto”. También se otorgará a quienes “por sentencia firme se haya reconocido el derecho al cobro de una indemnización por alguna de las patologías previstas, siempre que no hubiera sido posible ejecutar dicha sentencia, total o parcialmente y no hayan transcurrido más de cinco años entre la fecha del auto de insolvencia y la entrada en vigor de la Ley 21/2022, de 19 de octubre”.
El decreto establece, si no se modifica, que “cuando los daños por la exposición al amianto provengan del ámbito laboral, será necesario que la persona trabajadora conste previamente inscrita en los registros de trabajadores expuestos al amianto, dependientes de la comunidad autónoma que corresponda”. También serán beneficiarios “los causahabientes de las personas que hubieran fallecido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2022, de 19 de octubre”.
Tras la entrada en vigor del real decreto, “el plazo de prescripción para reclamar la compensación económica será de cinco años”. Este plazo comenzará con “la firmeza de la resolución administrativa o judicial reconociendo la pensión derivada de contingencia profesional ocasionada por la exposición al amianto, desde el diagnóstico de la patología relacionada, o desde la firmeza del auto judicial de insolvencia, total o parcial, dictado en ejecución de la sentencia firme que haya reconocido la indemnización por daños en la salud ocasionados por la exposición al amianto”.
El reglamento establece, por otro lado, que “las personas interesadas presentarán a la Consejería de Sanidad, u órgano equivalente de la comunidad autónoma, solicitud de certificación del diagnóstico de patologías derivadas de la exposición al amianto” y con la documentación “se dirigirán a la dirección general de la Seguridad Social para solicitar la compensación por los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de la exposición al amianto”. Un trámite que en la actualidad es más bien una barrera y en muchos casos para terminar en los juzgados.
Beneficiarios del amianto, según Escrivá
Según los datos del INE, entre 1999 y 2021 (últimos datos publicados) murieron en el Estado español 8.332 personas por mesoteliomas, por haber inhalado alguna fibra de amianto. Hay que decir que el volumen de un dado del juego del parchís podría acumular 60.000 microfibras de amianto y una sola podría desencadenar ese estadio de cáncer que, en el caso de los mesoteliomas, es fulminante, salvo contadas excepciones.
Según los expertos médicos, por cada muerte por mesotelioma se producen entre 10 y 15 más por las demás patologías del amianto, es decir en ese período habrían fallecido en el Estado español entre 83.320 y 124.980 personas, es decir 104.150 muertes de media.
Sin embargo, los beneficiarios del Fondo de Compensación, según la Seguridad Social, “únicamente tendrán derecho a la indemnización si tienen diagnosticado un mesotelioma o asbestosis”. Se estima, como refleja la documentación aportada por el equipo de Escrivá, que podrían llegar a 8.422 afectados, en el mejor de los casos. Así, serían beneficiarios con patología diagnosticada a la entrada en vigor del real decreto (7.831), personas fallecidas por exposición amianto desde entrada en vigor Ley 21/2022 (89) y los nuevos casos diagnosticados previstos en el año (502).
Pero, según el reglamento como se constata en el texto que se ha dado a conocer, en 2022, sólo serían beneficiarios 89 personas fallecidas, porque establece que las indemnizaciones son “a partir de la fecha de aprobación de la Ley del Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto”. Y calcula que este año 2023 serían 502 nuevos casos, con lo que supone un desembolso del fondo de 17,5 millones de euros con cargo al presupuesto de 2023.
Cuatro tipos de indemnizaciones
El reglamento establece cuatro tipos de indemnizaciones que, por otro lado, se alejan mucho de los fallos judiciales que se producen por las demandas.
La indemnización más alta corresponde al mesotelioma en cualquiera de sus localizaciones. Será de “2,5 veces la cuantía media elevada al año de la pensión de incapacidad permanente absoluta de enfermedades profesionales a 31 de diciembre del año anterior al del reconocimiento una vez revalorizada”. Es decir, en este momento, 68.399,40 euros.
Por cáncer de pulmón, será de “2 veces la cuantía media elevada al año de la pensión de incapacidad permanente absoluta de enfermedades profesionales”, lo que supondrá 54.719,52 euros.
Por cáncer de laringe: “1,5 veces la cuantía media” y llega a 41.039,64 euros. Y por asbestosis con repercusión funcional moderada o severa: 1 vez la cuantía media, es decir 27.359,76.euros.
El reglamento se acompaña con una serie de datos sobre afectados por amianto. Algunos no se corresponden con la realidad estadística del INE y en otros se hacen extrapolaciones, que simplemente no cuadran, pero que siempre van a la baja. Explica que los expedientes derivados de pensionistas con incapacidad, en distintos grados, derivada de una contingencia profesional ocasionada por el amianto, resueltos desde octubre de 2010 a abril de 2023, ha sido de 1.084. “De ellos, se han resuelto favorablemente 787, todos ellos como enfermedad profesional” y “se han denegado 297”.
Trabajadores con enfermedad profesional diagnosticada como consecuencia de la exposición al amianto y otros trabajadores registrados, a través de la aplicación CEPROSS de la Seguridad Social, desde enero de 2007 a diciembre de 2022, se han comunicado 1.879 expedientes de enfermedad profesional originada por exposición al amianto. Estos partes corresponden a 1.748 trabajadores distintos. Para 694 de estos trabajadores se ha iniciado, a partir de 2010, un expediente de incapacidad. De ellos, se han resuelto favorablemente 641, lo que deja a muchos fuera.
2.697 empresas realizan actividad con amianto
Segúnla evaluación de los datos, realizada en 2018, se concluye que desde su implantación se han registrado 2.697 empresas que han realizado o realizan actividad laboral con amianto en el Estado español y 70.842 trabajadores que están o han estado expuestos en su actividad laboral a fibras de amianto.
De los 70.842 trabajadores que han entrado a formar parte de los registros en las 17 comunidades autónomas, 12.966 trabajadores están clasificados como bajas para el registro; y el número de trabajadores susceptibles de seguimiento llega a 57.876; correspondiendo 22.499 (38,97%) a trabajadores expuestos en la actualidad, y 35.377 (61,13%) a post-expuestos.
El informe de impacto del reglamento detalla, en este caso, que los posibles beneficiarios “no pensionistas” podrían llegar a 7.123, de los que 583 serían afectados domésticos o ambientales. La mayoría (6.512) sería por asbestosis, seguido de 487 afectados por mesoteliomas
18.328 defunciones por amianto en un quinquenio
El informe cita a la estadística del INE para referirse a las muertes. Así detalla que de estas patologías: Enfermedad del pericardio, no especificada; Mesotelioma de la pleura Mesotelioma de otros sitios especificados, Mesotelioma del pericardio, Mesotelioma del peritoneo, Mesotelioma, de sitio no especificado Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales, Paquipleuritis con asbestosis, Tumor maligno de la laringe y Tumor maligno de los bronquios y del pulmón en el periodo 2017-2021, según la causa de muerte y entre cuyas posibles causas se encuentra la exposición al amianto supusieron 119.957 muertes, 92.763 de hombres y 27.194 de mujeres.
Por lo que concluye, “teniendo en cuenta las fracciones de cáncer atribuible a la exposición laboral al amianto, publicadas por Rushton et al (2012) -en el caso de los mesoteliomas es de un 97% para los hombres y de un 82,5% para las mujeres; y en el de cánceres de pulmón y bronquios de un 21,1% para hombres y un 5,3% para mujeres- se estima que el número de defunciones en un año atribuibles a la exposición al amianto ha sido de 4.582, el 92% de ellas son de hombres”, es decir extrapolando esos datos a los cinco años serían 18.328 personas las que murieron por exposición al amianto, según los cálculos conservadores del gabinete Escrivá.
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