Pello Igeregi (Salud Laboral de ELA): “Las muertes en el trabajo son consecuencia de la avaricia empresarial porque sale más barato no prevenir que prevenir”

“Por cada muerte en accidente de trabajo hay ocho más por enfermedades profesionales. En 2024 llevamos 29 muertes en accidentes, es decir 232 muertes por el trabajo, una barbaridad”

“Tenemos menos de la mitad de inspectores de trabajo que hay en Europa, porque no quieren que sea una prioridad política y no quieren molestar a los empresarios”

“El reto mayor para el sindicato es que la Salud Laboral vertebre la negociación colectiva”

“¿Qué pasaría si como consecuencia de la acción de los trabajadores y trabajadoras muriese un sólo empresario?”

“Hemos creado la Fundación Bidelagun porque hemos llegado a la conclusión de que a las empresas les salga caro no cuidar la salud de los y las trabajadoras”

“Hay que demandar el derecho a volver vivo a casa […] Hay que prohibir el trabajo que mata”

“Hay que reivindicar que el sistema público de salud acoja también a los trabajadores y trabajadoras que enferman y se accidentan por el hecho de tener ese trabajo”

“Hay una campaña mediática y de las empresas para criminalizar a los y las trabajadoras por el absentismo laboral, pero las bajas las firman los médicos”

“La salud laboral es el problema más identificado en nuestro mapa de la precariedad, realizado en 500 centros de trabajo en Hego Euskal Herria”

En cinco meses de 2024 llevamos 29 muertes en accidente de trabajo en Hego Euskal Herria, personas que salieron una mañana o una tarde a su trabajo y no regresaron. Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1996) suman ya 2.549 muertes, por lo menos, en suelo vasco. Hablamos con el responsable de Salud Laboral de ELA, Pello Igeregi, quien recuerda que “por cada muerte” en accidente de trabajo, se producen ocho más por enfermedades profesionales, según la OIT. Es “una barbaridad” que paga la clase trabajadora. A su juicio, “las muertes en el trabajo son consecuencia de la avaricia empresarial, porque sale más barato no prevenir que prevenir” y se pregunta “¿qué pasaría si como consecuencia de la acción de los trabajadores y trabajadoras muriese un sólo empresario?”.

Se pone como reto que “que la Salud Laboral vertebre la negociación colectiva” y exige que aumenten los inspectores de trabajo, porque “tenemos menos de la mitad de los que hay en Europa, porque no quieren que sea una prioridad política y no quieren molestar a los empresarios”. Partidario de que la salud laboral esté integrada en el Sistema Público de Salud, rechaza “la campaña mediática de las empresas y mutuas para criminalizar a los y las trabajadoras por el absentismo laboral”, que hasta el propio lehendakari iñigo Urkullu hace suya, porque “las bajas las firman los médicos”.

ELA ha realizado un mapa de la precariedad con encuestas en 500 centros de trabajo. De los tres elementos que analizaron: salarios, falta de estabilidad laboral y salud laboral, “el mayor problema identificado es la salud laboral”

¿Qué balance haces de la siniestralidad laboral en 2024 con 29 muertes ya en accidentes de trabajo?

En realidad, son bastantes más, porque en las estadísticas, también en las nuestras, las únicas que apuntamos son las muertes por accidentes traumáticos y según la OIT por accidentes de trabajo muere una de cada ocho personas a consecuencia del trabajo.

Sí, ese dato lo ofreciste en torno al 28 abril Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ocurre parecido con las muertes por amianto, que se recogen las producidas por mesoteliomas, un tipo de cáncer bastante fulminante, pero los expertos dicen que por cada muerte por mesotelioma hay entre diez y quince muertes más por patologías derivadas del mineral cancerígeno.

No tenemos un sistema de detección, porque la sanidad pública no está preparada para detectar ni enfermedades profesionales ni siquiera accidentes de trabajo. Las personas que trabajan en Osakidetza no saben qué tendrían que hacer para poder notificar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional -aunque en el protocolo amianto existe- porque el sistema no está preparado para eso. Está preparado para que llegue a las mutuas lo que llega, que es una parte muy minoritaria de la gente que muere o se lesiona como consecuencia del trabajo.

En realidad, mueren como consecuencia de la avaricia, porque el problema de fondo es que no hay prevención porque sale más barato no prevenir que prevenir. Se gana más dinero si no se previenen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que previniéndolas. Los últimos años estamos intentando incidir como le damos prioridad política a esta cuestión. Estamos hablando de polarizar la discusión pública respecto al número de inspectores de trabajo, porque es un elemento muy visual que muestra si hay o no hay voluntad política para hacerle frente al problema de la siniestralidad.

La conclusión a la que llegamos es que tenemos menos de la mitad de inspectores de trabajo que hay en Europa, porque no quieren que sea una prioridad política, porque no quieren molestar a los empresarios, que hacen de la explotación laboral un elemento estructural del mercado de trabajo.

Hablamos que una de cada ocho son 232 muertes este año, las que conocemos y las que se ocultan.

Hay más de cincuenta muertes por accidentes de trabajo todos los años, es decir 400 muertes.

Sí, en el año cerrado, pero hablando de este año 2024, que no hemos sobrepasado la mitad, estamos hablando de 232 muertes.

En cinco meses, efectivamente. Es una barbaridad. En los últimos años estoy terminando el 28 de abril haciendo un símil: mueren más de 400 personas como consecuencia de la avaricia empresarial y, por supuesto, porque las empresas no ponen los medios para evitar esas muertes. ¿Qué pasaría si como consecuencia de la acción de los trabajadores y trabajadoras muriese un sólo empresario? Se montaría el lío.

Con esto no estoy diciendo que haya que matar a nadie. Pero la valoración ética que se hace de unas muertes y de otras muestra muy claramente que no hay ninguna intención de atacar la siniestralidad laboral, porque entonces se pondrían medios para minimizar esas muertes. ¿Qué medios se ponen para otro tipo de criminalidades? ¿Cuántos ertzainas hay, cuántos policías municipales hay y, al mismo tiempo, cuántos inspectores de trabajo hay? ¿Por qué hay tan pocos inspectores de trabajo cuando probablemente no haya ninguna causa de muerte no natural más importante en estos momentos? ¿Por qué no se ponen los mismos medios para poder minimizar las muertes en el trabajo?

Tenemos un problema semántico, porque cuando lo llamas accidente parece que tiene que ver con más o menos suerte, que te ha tocado la lotería buena o la mala, en este caso la muy mala. No es cuestión de lotería, sino que la mayoría de las muertes que suceden en el trabajo son evitables. Es más, en las muertes traumáticas hay algunas causas que se repiten todos los años: muertes en altura, por atrapamiento en máquinas y en los últimos años la gente que trabaja en el ámbito forestal. Se repiten todos los años y algunas de esas muertes son fácilmente evitables.

En trabajo en altura si hay medidas de prevención adecuadas, se evitarían todas esas. Si se hiciese seguimiento de las máquinas que pueden producir atrapamientos y que pueden generar muertes, se evitarían todas esas muertes. Y en el ámbito forestal sería atacar la precariedad con la que se trabaja. Todas esas muertes son prevenibles y no son cuestión de mala suerte, sino de falta de prevención y de medios adecuados.

El primero que falta es el medio político porque no hay intención de hacer frente a las empresas y por eso no hay personal suficiente en la Inspección de Trabajo para poder asegurar que en esas situaciones peligrosas se trabaje con medios adecuados.

O sea, ¿la Administración está beneficiando a los empresarios directamente en este tema tan dramático?

En la lectura general que hacemos en el sindicato es evidente que hay un posicionamiento pro patronal por parte de todas las administraciones, tanto del Gobierno vasco, como el Gobierno de Navarra y del Gobierno del Estado español.

¿Eso quiere decir que están prevaricando?

Prevaricar es un término del Código Penal. No voy a decir si entran o no dentro de ese apartado. Lo que sí sé es que hay una complicidad política evidente con las empresas. No es casual que el lehendakari Urkullu se esté despidiendo haciendo una tournée con las diferentes patronales, sin embargo no se ha querido reunir con el secretario general de ELA.

Hablamos mucho de la CAPV, pero en Navarra ocurre lo mismo. ¿Igual o peor?

No lo sé, los elementos son los mismos.

La cuestión es cómo actuamos ante esta situación dramática. Con los datos desde 1996 cuando entró en vigor la ley de prevención de riesgos laborales (LPRL), 2.549 personas han perdido la vida. Ha desaparecido un pueblo entero como Elgeta, por ejemplo. Pero si aplicamos lo del uno a ocho, suman más de 20.000 muertes. Una barbaridad.

Sí. Lo peor es que esta situación dramática se ha naturalizado. Es parte del paisaje. Nosotros, haciendo autocrítica, lo que más nos preocupa es que en algunos momentos igual nos hemos convertido en parte del folklore de los accidentes de trabajo, porque no somos capaces de generar presión política real para que se pongan medios adecuados.

Estoy de acuerdo porque una parte de culpa la tienen los trabajadores, la menor, pero otra parte es de los representantes sindicales que saben cómo se trabaja y dónde están las deficiencias en prevención. Pocos trabajadores han denunciado malas condiciones de trabajo antes de que se produjeran los accidentes laborales, sin embargo es obligación de los empresarios tener las medidas de seguridad, prevención, formación e i formación adecuadas. ¿Por qué no se actúa?

Suele haber dos cuestiones. La primera es que puede haber falta de concienciación, lo mismo que se naturalizan otras cuestiones del sistema capitalista, se naturaliza que enfermar más es parte del trabajo. Y la gente está obligada a trabajar. Trabaja porque necesita un salario. Esa situación de dependencia, además de la falta de concienciación, hace que se naturalicen una parte importante de los accidentes de trabajo y de las muertes que hay en el trabajo.

Y hay un segundo elemento, que se utiliza como chantaje por parte de las empresas, como es el tener que elegir entre la salud y tener trabajo. Nos ha pasado en más de una empresa. Poner sobre la mesa qué medidas eran necesarias para que no haya accidentes para que la respuesta sea que ‘si hago eso, tengo que chapar la empresa’. La falta de conciencia, por un lado, y el segundo elemento de chantaje hace que en demasiadas ocasiones no se denuncie.

Lo de que si tengo que invertir, cerramos la empresa es falso. Osalan hizo un trabajo hace años que llegaba a la conclusión que la inversión para reducir la siniestralidad no era necesariamente alta. El problema es que no se hace.

No digo que ese discurso sea real, sino que se utiliza.

Ya, ya.

En la Construcción, evitar caídas en altura no es una cuestión de mucho coste económico. Lo que sí tiene un coste económico es trabajar al ritmo que requieren las medidas de seguridad. Porque para poder trabajar de forma segura y que no perjudiques la salud no se puede obligar a trabajar a la gente sin seguridad ni prevención.

Tú le tienes que obligar a la empresa a cumplir las normas.

Lo que he dicho no es una excusa. Es una descripción de la situación. Y evidentemente el trabajo de los sindicatos es tratar de que no ocurra.

¿Pero lo hacéis? Los datos van en contra vuestra. Lo mismo que se exige subida salarial, debieras de hacer lo mismo con las medidas de seguridad para que estuvieran al día y en todos los sitios. Si no esto no va.

Ahí niego la mayor. Niego que no hagamos, otra cosa es que seamos exitosos o no en aquello que impulsamos.

Que no hacéis todo que debierais de hacer, ya sé que os movéis, sí claro.

La crítica la asumo con deportividad. Pero dicho eso, tampoco somos exitosos en el reparto de la riqueza, en general. Estamos en un contexto muy desfavorable que hace que estemos resistiendo embates de las empresas que tienen capacidad para cambiar los problemas de fondo. Nosotros estamos tratando de construir poder sindical, en todos los ámbitos en los que el sindicato actúa. Soy también responsable de Negociación Colectiva y ya sé lo que cuesta tener una subida salarial por encima del IPC. Y con la salud laboral tenemos el mismo problema, tenemos que generar poder suficiente para condicionar lo que pasa en las empresas y, en general, en las políticas públicas.

Tienes razón, pero cuando no te suben el salario lo suficiente o te están puteando durante años, coges y dices: huelga. Por la salud laboral, ¿cuántas se hacen?

Nosotros hacemos huelgas por salud laboral, pocas; no suficientes, cierto. Porque cuando hablamos de salud laboral estamos hablando de cargas de trabajo, de ritmos de trabajo, de contratación estable o no. Nosotros hacemos huelgas dirigidas a mejorar la salud laboral y para mejorar los salarios. No son suficientes. En cualquier caso, en los dos ámbitos lo que necesitamos es construir poder y lo que nos preocupa, sobretodo, es si el sindicato es el elemento para construir poder o simplemente hace folklore.

A nosotros, el ámbito de la salud laboral sí nos preocupa. Las protestas después de que hay una muerte hay que hacerlas porque generan conciencia, pero es más importante lo que hacemos antes para evitar ese tipo de problemas. O sea, qué hacemos antes en las empresas, en los centros de trabajo para generar presión política para que se pongan las medidas adecuadas. Es autocrítica, sabiendo que hacemos muchas cosas, no las suficientes, pero sí hacemos muchísimo.

Ya, pero se ve que ocurren los accidentes, entras en un problema judicial y nada más, porque pocos empresarios pagan por esas muertes.

Sí, hemos creado la Fundación Bidelagun porque hemos llegado a la conclusión de que a las empresas les salga caro no cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Nos permite ser más efectivos y poder llegar a las empresas y que les salga más caro que la gente pierda la salud en el puesto de trabajo. Pero eso es una pequeña parte de lo que debiéramos de hacer, porque eso es reactivo a lo que ha pasado.

Está bien que salga caro, porque si las empresas entienden que el incumplimiento les va a salir caro, en algunos casos van a llegar a la conclusión que les va a salir mejor prevenir. Pero dicho eso, la incidencia política del sindicato tiene que aumentar.

A eso le tienes que dar la vuelta, no tiene que salir ni caro ni barato, tiene que no salir. Si sale caro, es porque se ha producido el accidente. Un trabajador que sale a las 5:00 de la mañana hacia su trabajo tiene que llegar a su casa bien y, si no llega, fíjate el drama que se crea.

Hay que reivindicar el derecho a volver vivo a casa.

Y si un empresario ve que se juega mucho porque puede ir a la cárcel, ¿por qué no le llevas por lo penal, no les incentivaría más?

Las leyes no están para eso y un homicidio imprudente, que sería lo más parecido a una muerte por accidente de trabajo, no está tipificado pensando en un empresario que no pone medios suficientes para prevenir un accidente mortal. Ojalá, se hiciese esa lectura, pero esa lectura no se hace.

Nosotros sí hemos visto que hay una vía con las indemnizaciones civiles porque vemos que a las empresas les puede salir bastante más caro que lo que les sale hasta este momento las muertes, siendo una medida de atacar el cáncer con aspirinas. Pero está bien que les salga más caro, porque algún agente termina concienciándose porque no quiere pagar las indemnizaciones que puedan resultar. Así dicho, el código penal no está pensado en ricos, está pensado para los pobres. Los jueces que aplican el código penal no están pensando en meter a encorbatados en la cárcel, están pensando en meter al pobre mangui o personas con problemas de drogodependencia en la cárcel. A día de hoy, no tenemos muchas esperanzas en el código penal. Tampoco las tenemos en el Código Civil, pero vemos que hay más posibilidades para enfrentar la siniestralidad por ese lado.

¿Ahora las penas máximas por esos temas se conviertan en las mínimas, y si se profundizaría en las máximas serían máximas de verdad, no crees?

Eso es tarea de quienes cambian las leyes. Nosotros estamos reivindicando algo muy humilde como es tener la media de los inspectores de trabajo de Europa. Si se diese una mínima importancia a la salud laboral sería pasar a 120 inspectores en la CAPV y a 45, en Nafarroa. No hay voluntad para llegar a esto, que es de mínimos, y es una cuestión de voluntad política. Mañana el PNV y EH Bildu, para aprobar unos presupuestos en Madrid, podrían decir queremos la transferencia completa para eso. Si no llegamos a ese mínimo, cómo aspirar a tener un código penal para la clase trabajadora. Estamos muy lejos todavía.

¿La seguridad se aplica de distinta manera en cada obra, en cada centro de trabajo, por ejemplo con las contratas y subcontratas?

La ley ya dice que la empresa principal tiene que responsabilizarse de las subcontratas, lo que pasa que no se cumple ni para las principales ni para las subcontratas.

Hoy a la mañana he tenido una reunión con la responsable de alojamientos de Gipuzkoa de los hoteles. Hay una parte de las empresas que subcontratan la limpieza de las habitaciones, se hace a costa de trabajar a destajo a precios irrisorios y a costa de la salud de esas mujeres que tienen que trabajar. También he estado con la responsable de las conserveras de Bizkaia, que hay que renovar el convenio el año que viene, y habla de los problemas que tienen esas mujeres cuando llegan a la jubilación, porque directamente tienen desgastados los ligamentos en distintas partes de su cuerpo por lo que les ha supuesto el trabajo durante tantos años. Esa es la realidad del trabajo que tenemos. Los ejemplos de la construcción y la industria, a veces, invisibilizan otro tipo de problemas donde sobretodo están las mujeres y son ámbitos de trabajo que no son tan visibles, porque el accidente de trabajo en la construcción o cuando te atrapa una máquina es muy visible, pero hay otro montón de gente que está perdiendo la salud de forma oculta.

Es lo que ocurre con las muertes que se producen por enfermedades profesionales.

Hay una parte del mercado de trabajo que está oculto y no se ve. Nosotros en la Construcción hemos hecho muchas cosas, pero lamentablemente es un ámbito muy disperso. Muy difícil visitar tajos. Nuestra gente cuando ha intentado entrar en la Y (TAV) ha tenido problemas enormes, lo mismo que ahora para entrar en el Metro de Donostia, que es un agujero negro. Tenemos problemas muy grandes para ver las condiciones en las que se está trabajando. Si no podemos entrar en obras que están subcontratadas por la Administración pública en las que trabaja mucha gente, imagínate en ámbitos más reducidos.

Las mujeres también mueren en el trabajo, algo que parece que no tiene tanta repercusión. Desde 1996 en el Estado español han muerto 1.675 mujeres. Son más, porque faltan años de accidentes en itinere de mujeres, por ejemplo.

Sí, la mayoría serán in itinere, pero es cierto que la mayoría de accidentes o enfermedades de mujeres está oculto. No se ve.

Volviendo un poco a lo que comentábamos hace poco, no hay que entrar en la historia de si es barato o es caro cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales, ¿hay que cumplirla, no crees?

Como te he dicho, una empresa nos dijo que si tengo que poner todos los elementos que me decís para trabajar con seguridad, tengo que chapar la empresa. Aunque fuese real que esas inversiones hicieran inviable la empresa, no pueden haber empresas cuyo coste sea que la gente muera por trabajar.

Es mejor tener una empresa cerrada, que no genere muertes, a tener una abierta que mata a la gente. Lo que ocurre es que al trabajador o trabajadora, que tiene que llevarse a casa un salario al mes, se le hace muy complicado. El trabajo del sindicato es concienciar, para que no entre en juego esa dicotomía, que la salud debe prevalecer absolutamente sobre todo. No puede haber un trabajo que mate.

Para mi la pregunta es ¿cómo es posible que no tengamos un sistema de salud pública que esté preparado para hacer frente a la enfermedad profesional y al accidente de trabajo? Se da por bueno que se subcontrate a mutuas, que son mutuas empresariales, que tienen una motivación económica, y la motivación principal es ahorrar dinero a las empresas. Cómo es posible que se haya privatizado todo ese ámbito de la salud. En el caso de Navarra es diferente, pero cómo es posible que Osalan no sea parte del sistema público de salud. Por qué en lugar de estar enclavado en Sanidad está enclavado en Trabajo.

Detrás de eso está, cómo estamos viendo dónde están colocando la salud, una parte más del mercado de trabajo. Se naturaliza que la accidentabilidad es parte del trabajo y hay que reivindicar que la salud laboral es parte de la salud pública y hay que prohibir el trabajo que mata. Y hay que poner medios para que ningún trabajo pueda tener como resultado que la gente muera.

Los médicos y médicas de las mutuas no son peores profesionales de lo que pueda haber fuera de las mismas, pero tienen unas directrices de trabajo muy concretas, presionan para que la gente esté el menos tiempo posible de baja. Hay que reivindicar que el sistema público de salud acoja también a los trabajadores y trabajadoras que enferman y se accidentan por el hecho de tener ese trabajo y que en ese caso se les priorice su salud.

Las mutuas cada vez se quedan con más parcelas de control de bajas por incapacidad temporal por enfermedad común de los trabajadores y trabajadoras, que son parte de la sanidad pública, además claro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Todavía hay leyes en un cajón y que cualquier día se retoman para entregar a las mutuas esa capacidad total?

Hay un proceso. Lo mismo que ocurre el sistema de pensiones, que está en un proceso de privatización, donde una tras otra reforma empeoran el sistema público de pensiones. Te cogen un dedo y te terminan cogiendo el brazo. Con las mutuas está pasando algo parecido. Hay reformas continuas. En cada una de ellas, se da un pequeño ámbito mayor de poder a las mismas, que no tiene vuelta atrás.

Para nosotros, por ejemplo, es gravísimo que en el ámbito de la negociación colectiva, que se firmó en Madrid entre CCOO y UGT y la patronal CEOE, se acordó que se privatice el cuidado de las personas por enfermedad común con acuerdos con la sanidad pública. Estaban pensando en las lesiones traumáticas, en problemas de salud que tienen que ver con roturas y problemas de trauma. Eso es gravísimo para nosotros, porque es ahondar aún más en la privatización de la sanidad y dar más poder a unas mutuas que tienen un sólo objetivo: que el trabajador vuelva a trabajar lo antes posible y ahorrar costes a las empresas. No es entendible que vaya con rúbrica sindical y se dé el visto bueno a esa posible privatización.

El tema del absentismo entra en esto. Las patronales y las mutuas, a las que se suma el lehendakari en funciones Iñigo Urkullu, se encuentran en plena campaña de que hay mucho absentismo, pero no se preocupan de las condiciones laborales y de seguridad. ¿Qué opinión tienes?

Hemos decidido no dar ya entrevistas para hablar de absentismo. Diferentes medios de comunicación nos llaman para hablar del tema y utilizan los informes que hacen Adecco y alguna otra (Randstad) -o la patronal de mutuas Amat-, que cada dos o tres meses sacan ese tipo de información.

Hay un problema semántico porque el absentismo significa que no vas a un sitio de forma voluntaria. Para empezar esos informes mezclan derechos sindicales del trabajo; la huelga se considera absentismo; o que la gente se coja licencias o permisos por ley, o, incluso, las horas sindicales y la enfermedad se toman como absentismo.

Si la gente enferma, el problema será por qué enferma, no que se les dé la baja. Incluso poniendo en la mentalidad del empresario que dice que la gente no viene a trabajar a propósito, pues se tendrá que hacer la pregunta de por qué está pasando, qué condiciones de trabajo tiene en su empresa que hace que la gente voluntariamente no quiera ir a trabajar.

A todos ellos hay que decirles claramente que la gente no se coge la baja, sino que la baja se la da un médico porque tiene una patología, no pueden dejar de ir a trabajar voluntariamente.

Hay una campaña mediática y de las empresas para criminalizar a los trabajadores y a las trabajadoras. Y nos dicen que aquí hay un absentismo mayor que en otros ámbitos. Habrá que preguntarse qué edades medias hay, qué tipo de mercado de trabajo tenemos y si hay falta de motivación por qué existe. Igual tenemos empresarios más explotadores que en otras partes que hacen que la gente no quiera ir a trabajar.

Para ELA, ¿cuales son los objetivos para actuar más a fondo en salud, en las condiciones de prevención y seguridad?

Los englobamos en tres ámbitos de trabajo. Por un lado, es el reactivo. Hemos creado la Fundación Bidelagun, como decía antes, para que salga más caro que la gente enferme a que la gente esté en buenas condiciones de trabajo. Bidelagun tiene que ayudarnos a encarecer la siniestralidad, también tiene que haber una motivación económica para que los empresarios sopesen la necesidad de prevenir la salud de los y las trabajadoras.

En segundo lugar, tenemos que mejorar nuestra acción política. Tratar de hacer campañas que polaricen mejor y dificulten a las administraciones no tomar medidas. Porque en algunos casos hemos hecho campañas que no generan la presión necesaria a las administraciones, por eso he repetido varias veces el tema de la inspección de trabajo y poner números concretos. Hacemos esa reivindicación porque es posible, es pragmático y si hubiese voluntad política, mañana se puede llevar a cabo. Sería un cambio cualitativo muy importante: de tener medios para perseguir a las empresas a no tenerlo hay una diferencia enorme. Tenemos que acertar en hacer campañas políticas mejor para dificultar que no se tomen las medidas políticas adecuadas.

Y tercero, el reto mayor para el sindicato es que la Salud Laboral vertebre la negociación colectiva, y que dentro de las reivindicaciones que hacemos dentro de la negociación colectiva la salud laboral sea una parte fundamental, y para ello nosotros estamos ya en una campaña contra la precariedad y estamos tratando de hacer mapas de precariedad centro por centro.

Para nosotros, la precariedad es tener salarios infumables; tener un trabajo que no te dé una mínima estabilidad; y tener un trabajo que te enferma. Estamos tratando de aflorar los problemas concretos que hay en las empresas para darle prioridad en la negociación colectiva. Hemos hecho ese mapa de precariedad en más de 500 centros de trabajo en Hego Euskal Herria y hemos logrado que afloren elementos fundamentales que deben ser protagonistas de la negociación colectiva.

¿La conclusión de ese mapa de 500 centros de trabajo cuál es, estamos muy mal, muy bien?

De los tres elementos que he dicho: salarios, falta de estabilidad laboral y salud laboral, el mayor problema es la salud laboral. En los 500 centros de trabajo hemos visto excesos de carga de trabajo, porque hay problemas de riesgos psicosociales muy graves, porque hay situaciones de acoso. El elemento de la salud laboral es el elemento con diferencia que más ha salido en las encuestas que hemos dirigido a las plantillas. Ahora lo que pretendemos es que eso termine siendo parte fundamental de la negociación colectiva y tenga tanto peso como el IPC, sin renunciar a la subida salarial, evidentemente, pero que en el resultado de la negociación colectiva termine teniendo la misma importancia que tiene la subida salarial.

En Bidelagun ya nos dijeron que los problemas mentales estaban subiendo de forma exponencial.

Uno de los problemas que tenemos en el sindicato es que está habiendo tanta gente con problemas de riesgos psicosociales que tenemos el área de salud laboral con una carga de trabajo enorme para poder afrontar esas situaciones. Y eso, entre otras cosas, nos dificulta el trabajo preventivo en otras áreas y poder poner los medios para impedir que se den ese tipo de situaciones. Es un problema muy grave, porque hay muchísimas situaciones.

Vamos acabando, pero volviendo al tema del aumento de los inspectores que decís, ante el silencio de los gobiernos y por conocer la realidad, ¿qué coste tendrían para los presupuestos públicos?

Hay 180.000 trabajadores y trabajadoras en el sector público en Hego Euskal Herria. Estamos pidiendo 145 personas, en conjunto. Es una miseria, pero cualitativamente es un salto muy importante, porque sería más que doblar la plantilla. No lo tenemos cuantificado en coste económico. Osalan es el 0,02% del presupuesto de la CAPV y hay doscientas y pico personas. En términos presupuestarios es irrisorio el coste de los inspectores. En algunos casos en el cómo hemos hecho las reivindicaciones políticas ha hecho que sea fácil decirnos que no. Por eso, estamos tratando de concretar más lo que estamos pidiendo y poner elementos que, sin ser revolucionarios, cambian muchísimo la situación actual y que son posibles mañana mismo si hay voluntad política. El caso de los inspectores es uno de ellos.

¿Cómo ves el futuro, porque el presente de la salud laboral está mal?

Más allá del accidente traumático hay mucha pérdida de salud, muy oculta y, sobre todo, en los sectores feminizados.

Si quieres añadir algo, estás a tiempo.

Detrás de los accidentes de trabajo hay situaciones de precariedad laboral. Según Osalan, la mitad de los accidentes de trabajo suceden durante los dos primeros meses de trabajo y la mitad de los contratos tiene una duración inferior al mes, y eso tiene mucho que ver con el miedo y con la incapacidad de la gente para reivindicar unas mínimas condiciones de trabajo, tener una formación adecuada, etc. Políticamente para el sindicato la precariedad es una prioridad y tenemos que hace que sea de verdad prioridad, porque el mayor elemento preventivo que vamos a tener en materia de salud laboral será que se reduzca la precariedad.

Me preguntabas si soy optimista de cara al futuro, no queda más remedio, porque el optimismo es lo único que te hace moverte. Si eres pesimista y piensas que las cosas no van a cambiar, no vas a hacer nada para que cambien. Ese optimismo nos obliga a ser efectivos con la gente, para ir a mejor y hacer frente a las empresas. Hay que replantearse este sistema económico que funciona a costa de que la gente muera.